Derecho Administrativo II – Test 22 – EXAMEN 2020

1. Señale la respuesta correcta:

a. Los actos del Gobierno en ningún caso serán enjuiciables por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

b. Los actos del Gobierno se someten al control jurisdiccional contencioso-administrativo en lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales.

c. Los elementos discrecionales de los actos de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas son enjuiciables por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2. No pueden ser impugnados judicialmente:

a. Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.

b. Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico.

c. Los acuerdos, pactos, convenios y contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

3. El incumplimiento por la Administración de la obligación de resolver en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado:

a. Conllevará siempre la estimación de la solicitud.

b. Conllevará la desestimación de la solicitud si se trata de procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.

c. Conllevará la estimación de la solicitud cuando esta tenga como consecuencia que se transmitan al solicitante facultades relativas al dominio público.

4. La falta de competencia jerárquica de un órgano administrativo:

a. Es un vicio constitutivo de nulidad de pleno derecho.

b. En ningún caso será susceptible de convalidación.

c. Sería, en principio, sólo incompetencia no manifiesta o relativa en cuanto es susceptible de convalidación.

5. Señale la respuesta errónea:

a. Serán motivados los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.

b. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exige motivación a los actos administrativos declarativos de derechos.

c. Los actos que se dicten en el ejercicio de facultades discrecionales necesitan motivación.

6. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cómo debe actuar la Administración cuando ignore el lugar de notificación del interesado?:

a. La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.

b. La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Diario Oficial que corresponda.

c. La notificación se hará por medio de un edicto publicado en el Diario Oficial que corresponda.

7. Las Administraciones Públicas podrán proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos: "ANULADA"

a. A través de sus órganos competentes en cada caso, mediante apercibimiento, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales.

b. A través de sus órganos competentes en cada caso, previa resolución motivada, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales.

c. A través de sus órganos competentes en cada caso, previo acuerdo motivado, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales.

8. Para calificar un acto administrativo como arbitral:

a. Debe existir un conflicto en el que se enfrentan dos o más sujetos con pretensiones opuestas e irreconciliables, cuya resolución la Ley atribuye a la Administración de forma obligatoria y vinculante para ambos contendientes.

b. Debe existir un conflicto en el que se enfrentan dos o más sujetos con pretensiones opuestas e irreconciliables que acuerdan voluntariamente someterse al arbitraje de la Administración.

c. Debe existir un conflicto en el que se enfrentan dos o más sujetos con pretensiones opuestas e irreconciliables, que resuelve la Administración con carácter no vinculante.

9. Podrán acceder a la condición de beneficiario de la subvención:

a. Quienes hayan solicitado la declaración de concurso voluntario, siempre que así se prevea expresamente en las bases reguladoras.

b. Quienes tengan residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, siempre que así se prevea expresamente en las bases reguladoras.

c. Una agrupación de personas físicas que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a efecto el proyecto que motiva la concesión de la subvención, cuando así se prevea expresamente en las bases reguladoras.

10. Señale la respuesta errónea:

a. Los procedimientos sancionadores deberán establecer la debida separación entre la fase instructora y sancionadora, encomendándose a órganos distintos.

b. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales vinculan a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que se susciten.

c. Antes del inicio del procedimiento sancionador no se admite la posibilidad de realizar actuaciones previas.

11. Señale la respuesta correcta:

a. La actividad de prestación o de servicio público se sujeta a los principios de legalidad, continuidad o regularidad, adaptabilidad al progreso tecnológico, neutralidad e igualdad.

b. Corresponde al poder ejecutivo el reconocimiento de una actividad como de interés general y la dotación de los créditos necesarios para su satisfacción mediante la creación de un servicio público.

c. El principio de gratuidad es inherente al concepto de servicio público.

12. Señale qué medio de ejecución forzosa puede emplear una Administración Pública para aquellos actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar, en los casos en que la Ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respecto a la dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución:

a. Multa coercitiva.

b. Compulsión sobre las personas.

c. Apremio sobre el patrimonio.

13. ¿Qué plazo establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que la Administración pueda declarar de oficio la nulidad de una disposición administrativa?:

a. Cuatro años.

b. Dos años.

c. No existe límite temporal.

14. ¿Procede algún recurso contra los actos firmes en vía administrativa?:

a. Sólo el recurso de alzada.

b. El recurso de alzada o el potestativo de revisión.

c. Sólo el recurso extraordinario de revisión, siempre y cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125 de la Ley 39/2015.

15. ¿Desde cuándo produce efecto el acto de convalidación de otro anulable?:

a. Desde la fecha del acto convalidatorio, a menos que se den los supuestos de hecho que justifican con carácter general el otorgamiento de eficacia retroactiva.

b. Desde la fecha del acto anulable.

c. Desde la fecha del acto convalidatorio, pues en estos supuestos la ley prohíbe el otorgamiento de eficacia retroactiva.

16. No tienen capacidad de obrar a los efectos del procedimiento administrativo:

a. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos derechos e intereses cuya actuación no esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerce la patria potestad, tutela o curatela.

b. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

c. Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica, y los patrimonios independientes o autónomos, pues en ningún caso la ley puede declarar dicha capacidad de obrar.

17. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si los plazos se fijan en meses, ¿qué día de vencimiento debe utilizarse cuando no hubiera día equivalente a aquél en que comienza el cómputo?:

a. Se entenderá que el plazo expira el siguiente día hábil.

b. Se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

c. Se entenderá que el plazo expira el anterior día hábil.

18. ¿Qué órgano jurisdiccional es el competente para conocer en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas?:

a. Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

b. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

c. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

19. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo contra una disposición de carácter general?:

a. Un mes desde su publicación.

b. Seis meses desde su publicación.

c. Dos meses desde su publicación.

20. ¿En qué casos es admisible el recurso contencioso-administrativo contra actos expresos de la Administración Pública que no pongan fin a la vía administrativa?:

a. En caso de que se invoque la vulneración de un precepto constitucional.

b. En ningún caso.

c. En caso de que se invoque la vulneración de una norma de Derecho Comunitario.

21. ¿Qué sentido otorga la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al silencio administrativo en aquellos procedimientos iniciados a solicitud del interesado que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medioambiente?:

a. Estimatorio.

b. Estimatorio hasta daños medioambientales inferiores a 10.000 euros.

c. Desestimatorio.

22. Las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo:

a. No son susceptibles de recurso de casación.

b. Únicamente son susceptibles de recurso de casación cuando contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos.

c. Siempre son susceptibles de recurso de casación.

Derecho Administrativo II – Test 22 – EXAMEN 2020

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